Una sentencia protege los derechos de unos propietarios que optaron a Viviendas de Protección Oficial

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Una novedosa resolución judicial reconoce que los 14 arrendatarios con opción a compra no deben asumir las hipotecas que el constructor cargó a cada una de las viviendas, ya que en los contratos que firmaron de opción de compra se pactó que se vendían libres de cargas e hipotecas, y, de esta forma, la Audiencia Provincial protege los derechos de un colectivo especialmente vulnerable que optaba a una VPO (vivienda joven de precio concertado).

Desde el año 2011, los vecinos que adquirieron una VPO en alquiler con opción a compra en los terrenos de la antigua fábrica de Flex de Burgos han pasado un auténtico calvario judicial, hasta que, 10 años después la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Burgos les da la razón en todas sus reclamaciones.

En 2013, CONSTRUCCIONES JOVILMA S.L., adjudicataria de estas viviendas, promovió su propio concurso de acreedores, obligando a estas 14 familias a personarse en el concurso para que se les reconociera las cantidades entregadas a cuenta y a oponerse a la Administración Concursal que les obligaba a asumir las hipotecas que J.M.G., antes de vender la constructora a un inversor mejicano, había distribuido en sus viviendas; no descontar la mitad del alquiler mensual del precio total de compra, como establecían los contratos de arrendamiento con opción de compra visados por la Junta de Castilla y León.

«Las tres hipotecas que gravaban las VPO, otorgadas por la extinta Caja Círculo, luego Caja 3 y actualmente titularidad de Ibercaja, fueron amortizada por la caja hasta diciembre de 2015, fecha en la que fueron vendidas a un fondo buitre, Goya Debtco DAC. Ha sido este fondo quien ha tratado de quedarse con estas viviendas dejando a mis clientes sin su dinero y sin sus casas«, explica el abogado Pedro Ortega, quien recuerda el calvario vivido.

«En 2014, cuando me hago cargo de la representación de mis clientes, estos venían de reclamar sus derechos en vía administrativa, en vía penal y, finalmente, en la concursal sin obtener ninguna posibilidad de ejercitar sus derechos frente a Jovilma S.L, frente a la administración concursal Genova3 Concursalistas S.L (hoy en liquidación) ni frente al fondo buitre. Desde entonces interpusimos 14 demandas incidentales para el reconocimiento y cobro de sus créditos contra la masa, a las que se opusieron Jovilma, la administración concursal, Ibercaja y el fondo buitre. Y además, de forma simultánea, tuvimos que defendernos de múltiples demandas que pretendían echar a mis clientes de sus viviendas y resolver los contratos«, enumera el letrado, quien recuerda que en los autos llegaron a personarse más de 80 ciudadanos irlandeses reclamando sus viviendas compradas sobre plano en el extranjero.

«Ha sido muy duro pero esta reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos viene a proteger los derechos del colectivo especialmente vulnerable que opta a Viviendas de Protección Oficial frente a los actuales propietarios de los activos tóxicos de la banca. Ahora sólo hace falta que mis clientes puedan escriturar sus viviendas de VPO conforme a la sentencia. Esta sentencia debería ser el final y escriturar voluntariamente conforme a los términos de la misma mediante un acuerdo, porque en caso contrario nos veremos en la obligación de hacerla valer«, resume el letrado Pedro Ortega.

Fuente: https://www.burgosconecta.es/

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